Camino Socialista

8 marzo, 2011

El caso Rumimaqui. Los graves conflictos de la Justicia Militar con el debido proceso

Filed under: Actualidad — caminosocialista @ 10:06 am
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Por Carlos Rivera Paz, Instituto de Defensa Legal

El año pasado algunos efectivos de la Policía Nacional protestaron públicamente por la lamentable situación económica por la que atraviesan los policías desde hace un buen tiempo atrás. En esas circunstancias el Sub Oficial 3ª PNP Richard Germán Ortega Quispe, que en ese momento laboraba en el establecimiento penal de Yanamilla (Ayacucho), hizo declaraciones ante un medio televisivo de Huamanga, las cuales fueron reproducidas en el Canal N.

Inmediatamente después el sub oficial fue detenido y procesado ante la justicia militar por los delitos de conspiración del personal militar policial, contra la seguridad institucional en la figura de desobediencia y contra el servicio de seguridad, en la figura de abandono de puesto. El Juez Militar Policial de Lima el mismo día que abrió proceso (11 de febrero de 2010) dictó mandato de detención contra Ortega Quispe. Hasta el día de hoy el policía está privado de su libertad.

Se supone que el proceso iniciado contra Ortega Quispe tenía la calidad de proceso sumario (para todo entender veloz), pero recién el 19 de octubre de 2010 el Tribunal Superior Militar Policial de la II Zona Judicial de la PNP pudo dictar sentencia en la cual lo condenó a 3 años de pena privativa de libertad. ¿Sobre la base de qué prueba? Sobre la base de un vídeo (el de la entrevista) que jamás pudo ser visto en el juicio oral.

Si bien dicha sentencia fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia Militar Policial, por el hecho evidente de que no existen pruebas que demuestren de manera seria y objetiva que el sub oficial Ortega Quispe ha cometido los delitos por los cuales continúa siendo procesado, lo cierto es que correspondía que la máxima instancia del fuero militar lo absuelva. Pero eso no ha ocurrido y el Tribunal Supremo ha ordenado un nuevo juicio oral.

El nuevo juicio oral

El nuevo juicio oral debió realizarse el pasado miércoles 2 de marzo, pero lo cierto es que no se llevó a cabo y el procesado sigue preso. ¿Por qué razón? Porque el nuevo juicio estaba a punto de ser realizado por el mismo tribunal que el año pasado ya lo condenó. Entonces valdría preguntarse ¿para qué un nuevo juicio con los mismos jueces? Eso es una violación al principio de imparcialidad. Entonces se suspendió la citación y a esperar una nueva fecha.

Las violaciones al debido proceso

Pero, además, hay tres asuntos particularmente relevantes que dan cuenta de gruesas transgresiones al debido proceso en este caso.

La primera es la medida de detención contra Ortega Quispe. El artículo 320º del Código de Justicia Militar Policial señala textualmente que, “El imputado permanecerá en libertad durante todo el proceso salvo delito grave o que existiere peligro de fuga o cuando su libertad ponga en riesgo la efectividad de la investigación”. En el presente caso el juez ha emitido un auto de apertura del proceso en el simplemente no fundamenta por qué razón dicta detención contra el procesado. No menciona cuál es el delito grave. No dice una palabra sobre si existe un peligro de fuga y no dice nada sobre si la libertad de Ortega perjudicaría la investigación.

La segunda es la referida a la actividad probatoria. Es un principio fundamental del derecho procesal penal que no puede existir condena sin prueba y en este proceso lo único cierto es que la Fiscalía Superior Militar Policial no ha presentado ninguna evidencia y consecuentemente no ha desarrollado ninguna actividad probatoria encaminada a demostrar los 3 tres delitos por los que ha acusado al sub oficial de 3ª de la PNP.

La tercera está referida a la imputación formulada en relación al delito de conspiración. El artículo 68º del nuevo Código de Justicia Militar Policial tipifica este delito y prescribe que se comete cuando “El militar o policía que tomare parte en una conspiración de dos o más personas para cometer delitos de rebelión o motín….” Pero pareciera que los jueces del fuero militar no se han percatado que el tipo penal exige para la realización del delito del concurso de por lo menos 2 personas (efectivos policiales o militares), pero Ortega Quispe dio declaraciones solo. ¿Entonces con quién conspiró? La respuesta en: con nadie. Entonces tenemos un serio problema con el título de la imputación formulada por la Fiscalía Militar Policial y aceptada por los magistrados del fuero militar.

Este caso no hace más que dar cuenta, de la manera más objetiva u puntual, las muy serias y casi eternas incongruencias y desencuentros de la justicia militar con las garantías fundamentales del debido proceso. Esto no puede continuar. Pero mientras tanto el ciudadano Richard Ortega Quispe detenido. Nada ha cambiado.

***

El Instituto de Defensa Legal es una voz desde la sociedad civil, independiente de los partidos políticos, abierta a las opiniones plurales de muchos, que trata de combinar capacidad de propuesta con la más exigente fiscalización a los responsables de los asuntos públicos.

Los artículos firmados en Ideelemail representan exclusivamente la opinión de sus autores y no necesariamente las del Instituto de Defensa Legal. Los artículos pueden reproducirse a condición de citar la fuente de origen.

Fuente: Ideelemail, Nº 673, 07 de marzo del 2011, publicación electrónica del Instituto de Defensa Legal, está disponible gratuitamente también como archivo de Word, lo que permite una mejor presentación y más fácil lectura. Los interesados pueden solicitarla a beatriz@idl.org.pe.

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